Malversación, Prevaricación y Tráfico de Influencias

El delito de malversación se encuentra regulado en los artículos 432 a 435 bis del Código Penal.

Este delito solo podrá ser cometido por un funcionario público o una autoridad, quienes deberán cometer el delito del artículo 252 del Código Penal. Así pues, el funcionario público o la autoridad deberá cometer un delito de apropiación indebida sobre el patrimonio público.

Este delito será castigado con una pena de prisión de 2 a 6 años, además de una pena de inhabilitación especial para cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de 6 a 10 años.

Regulado en los artículos 404 a 406 y en los artículos 446 a 449 y en el artículo 467 del Código Penal, el delito de prevaricación se puede referir al delito de prevaricación judicial, de prevaricación de abogado, o prevaricación de funcionario público.

• Prevaricación de funcionario público: el funcionario público deberá, para cometer este delito, dictar una resolución administrativa injusta y arbitraria a sabiendas. Este delito está castigado con una pena de inhabilitación especial para cargo público y para ejercer el derecho de sufragio pasivo de 9 a 15 años.
• Prevaricación judicial: el juez o magistrado, para cometer este delito, deberá dictar una sentencia u otra resolución judicial injusta a sabiendas. En este caso, el juez o magistrado será castigado con penas de prisión de 1 a 4 años e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. No obstante, cuando la sentencia dictada fuera relativa a un delito leve, el juez o magistrado será castigado a una multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para cargo público de 6 a 10 años.
• Prevaricación de abogado: los abogados y procuradores cometerán este delito cuando hubieran aceptado la representación o asesoramiento jurídico de una persona y, al mismo tiempo, hubieran representado o defendido a otra persona con intereses contrarios. En este caso, se impondrá una pena de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para ejercer la abogacía de 2 a 4 años.

Regulado en los artículos 428 al 430 del Código Penal, el delito de tráfico de influencias tiene tres variantes diferentes:

• Autoridad o funcionario público: en este caso, el funcionario público o autoridad cometerá este delito cuando influya sobre otro funcionario público o autoridad aprovechándose de su relación personal o jerárquica, de forma que consiga una resolución beneficiosa. Estará castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años, multa del tanto al duplo de los beneficios conseguidos e inhabilitación especial para carga público y para el ejercicio del sufragio pasivo de 5 a 9 años.
• Particular: el particular cometerá este delito cuando influya sobre un funcionario o autoridad aprovechando su relación personal para obtener un beneficio. Estará castigado con las mismas penas de multa y de prisión que los funcionarios y con la pena de no poder beneficiarse de ayudas públicas o beneficios fiscales de 6 a 10 años.
• Ofrecimiento de influencias: en este caso, el funcionario o autoridad presionará a otro para recibir un beneficios económico o algún regalo. Estará castigado con prisión de 6 meses a 1 año e inhabilitación especial para cargo público y el ejercicio del derecho pasivo de 1 a 4 años.