Jaime Sanz de Bremond y Mayáns

Jaime Sanz de Bremond comienza a ejercer como colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

19 abogados, entre ellos Jaime Sanz de Bremond, presentan denuncia por malos tratos a internos en la primera y nueva prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha. Entre los internos se encuentran los dos principales testigos de la muerte en 1978, en la prisión de Carabanchel de Madrid, del interno Agustín Rueda, como consecuencia de los golpes propinados por funcionarios de prisiones.

Jaime Sanz de Bremond es una de las personas que participa en la constitución de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), formando parte de una de sus primeras Juntas Directivas y formando con Andrés López Rodríguez y María Elena Salgueiro el primer equipo jurídico de CEAR.

Los abogados denunciantes, entre ellos Jaime Sanz de Bremond, depositan la fianza de tres millones de pesetas, reunida con aportaciones de asociaciones, colectivos y particulares y con las recaudaciones de dos festivales de música y una subasta de cuadros, que el Juez de Instrucción ha exigido a 36 abogados para poder ejercitar la acción popular.

Jaime Sanz de Bremond es uno de los abogados que integra la candidatura ganadora de las elecciones elegido para la primera Junta Directiva del Grupo de Abogados Jóvenes del Colegio de Abogados de Madrid.

Jaime Sanz de Bremond notifica al Juez que no entregará sus ficheros a la policía, que se los había solicitado para investigar el secuestro del padre de Julio Iglesias, alegando tener la sospecha de que los secuestradores podrían tener alguna relación con algún cliente del despacho. Resuelto el secuestro, se confirmó que no existía relación alguna.

En defensa de otro abogado, Jaime Sanz de Bremond logra que el TC reconozca por primera vez el derecho de los abogados a comunicar oralmente y por escrito con las personas ingresadas en centros penitenciarios sin que se dé intervención de ningún tipo (hasta ese momento las comunicaciones eran a veces intervenidas o suspendidas por el Director de la Prisión).

La Audiencia Provincial de Ciudad Real condena por rigor innecesario al director de la prisión de Herrera de la Mancha, a dos jefes de servicio y a nueve funcionarios. Jaime Sanz de Bremond es el abogado de una de las cuatro acusaciones.

El 5 de diciembre de 1984, Jaime Sanz de Bremond y Manuel Hernández Rodero piden un habeas corpus para una joven detenida en Madrid sin que se le informara de sus derechos. El juez de guardia, Andrés Martínez Arrieta, lo concede y ordena su libertad. Es el primer habeas corpus que se concede en Madrid, pocos meses después de la ley que lo regula (Ley Orgánica 6/1984).

Fuente: El País, 7 de diciembre de 1984.

El Tribunal Supremo estima los recursos de las acusaciones y condena a los funcionarios por delito de malos tratos o torturas, siendo la primera condena por ese delito.

Los abogados Fernando Salas, Jaime Sanz de Bremond y Luis Figueroa, junto a dos profesores universitarios, dos periodistas, un sacerdote, un médico y un economista, constituyen la Asociación contra la Tortura (ACT).

Jaime Sanz de Bremond lleva al Tribunal Constitucional el habeas corpus denegado a dos abogados, Juan Manuel Hernández Rodero y Luis Figueroa, a los que la policía había llevado a comisaría como «retenidos». A petición suya, el TC celebra una vista pública el 2 de julio de 1986, la primera de su Sala Primera y la primera en un asunto penal. En la sentencia (STC 98/1986) fija una doctrina que sigue vigente: no hay zonas intermedias entre la detención y la libertad, y debe considerarse detenido todo aquel a quien se prive de su libertad de movimientos. Se termina así con la práctica de llevar a personas a dependencias policiales como «retenidas» para decidir horas después si quedaban libres o detenidas.

Fuentes: STC 98/1986; El País, 3 de julio de 1986.

Carlos Aguirre de Cárcer, abogado del despacho de Jaime Sanz de Bremond, consigue que el TC declare que los jueces o tribunales no pueden, como hasta ese momento se hacía, prorrogar el plazo máximo de prisión provisional si no se ha prorrogado con anterioridad a su vencimiento, debiéndose poner en libertad al preso.

Durante cuatro meses se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid uno de los juicios de la denominada “mafia policial”, contra los policías acusados de la detención ilegal, torturas y desaparición, en noviembre de 1983, de Santiago Corella Ruiz, “el Nani”, en el que José Antonio Sanz Grasa y Jaime Sanz de Bremond intervienen por las acusaciones particular y popular personadas, en representación de la familia y de la Asociación contra la Tortura. Los principales acusados, un comisario y dos inspectores jefes del entonces Cuerpo Superior de Policía, son condenados a 29 años de prisión por delitos de detención ilegal con desaparición, torturas y falsedad documental.

En diciembre de 1989, una llamada en nombre de los GAL amenaza de muerte a Fernando Salas, que ejercía la acción popular contra ellos, y a Jaime Sanz de Bremond, acusador en el caso de El Nani, y avisa de la colocación de un artefacto. La policía encuentra cinco kilos de explosivo junto a un coche aparcado ante el despacho de Salas, que por error no pertenecía a ninguno de los dos abogados.

Fuente: El País, 16 de diciembre de 1989.

La Audiencia Provincial de Madrid condena a dos inspectores de policía por la detención ilegal y torturas en 1985 a un joven detenido en Parla, como consecuencia de la querella presentada en su día por Jaime Sanz de Bremond, que llevó la acusación particular.

La Audiencia Provincial de Madrid condena a 367 años de cárcel a un comisario y tres inspectores de policía por un robo con homicidio, dos asesinatos y falsedad documental por el asesinato en Madrid de Feliciano Martín de Paredes, Pablo Pardo Ruiz y Jose L. Fernández Corroto con el que los policías habían acordado un atraco a un taller de joyería. Jaime Sanz de Bremond llevó la acusación particular por la familia de una de las víctimas.

La Audiencia Provincial de Madrid condena a un total de 126 años de prisión al guardia civil y a los tres ultraderechistas acusados por el asesinato en 1992 de la inmigrante dominicana Lucrecia Pérez Matos, en la antigua discoteca Four Roses de Madrid, destacando el tribunal en la sentencia que actuaron para dar un “escarmiento”, por motivos racistas y xenófobos. Jaime Sanz de Bremond llevó la acusación particular en representación de la víctima.

Jaime Sanz de Bremond lleva las acusaciones particular, por la familia de la víctima, y popular, por el Ayuntamiento de Pinto, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid contra cinco jóvenes ultras por la muerte a golpes del joven David Martin, en octubre de 1995, en la puerta de una discoteca de Arganda del Rey. El tribunal condenó al autor material por la muerte y a los otros cuatro por lesiones.

El Tribunal Constitucional otorga el amparo a un condenado por tráfico de drogas defendido por Jaime Sanz de Bremond y anula, por vulnerar la presunción de inocencia, las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. No es el único amparo que consigue: el TC le había dado la razón en 1995, en la sanción a un preso, y en 1997, al anular una prisión provisional.

Fuentes: STC 171/2000, STC 143/1995 y STC 146/1997.

Se celebra durante todo el mes de octubre el juicio en Valencia, ante un jurado popular, contra el matrimonio de etnia gitana acusado del asesinato de un camionero en 1998 en el barrio de Nazaret en Valencia, después del atropello mortal del hijo pequeño del matrimonio. Jaime Sanz de Bremond, que lleva la defensa del matrimonio, consigue la absolución de la madre y la condena por homicidio con una eximente incompleta del padre.

Jaime Sanz de Bremond es uno de los abogados defensores en el juicio que tiene lugar en la Audiencia Nacional contra diversos miembros de la familia Charlín, acusados de delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

Jaime Sanz de Bremond lleva la acusación particular por la familia de la víctima en el juicio con jurado que se celebra en Castellón de la Plana, contra el policía acusado de matar en la playa del Gurugú de Castellón al futbolista del Getafe y del Villareal Sebastian Gómez “Sebas”. El jurado declara culpable de la muerte al policía, que es condenado por homicidio.

Durante varios meses se celebra en la Audiencia Nacional el juicio contra el ex militar argentino Adolfo Scilingo, en la causa seguida por genocidio y/o crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina, en la que Jaime Sanz de Bremond lleva la acusación particular por Abuelas de Plaza de Mayo y otros familiares de víctimas, junto con Carlos Slepoy, José Luis Galán, Juan Puig de la Bellacasa, Manuel Ollé y Carmen Lamarca, que llevan otras acusaciones. El tribunal, en virtud del principio de jurisdicción universal, condena a Scilingo a penas que suman 640 años de prisión por un delito de lesa humanidad, por la muerte en Argentina de 30 personas en los “vuelos de la muerte”, torturas y detenciones ilegales.

Se celebra en Madrid el juicio ante el tribunal del jurado contra los acusados por el asesinato de José Gabarre Vargas, en el que Jaime Sanz de Bremond lleva la acusación particular por la viuda de la víctima, siendo condenado por asesinato el autor de la muerte.

El Tribunal Supremo estima los recursos de las acusaciones y eleva de 640 a 1084 años de cárcel la condena para el represor argentino Adolfo Scilingo, al considerar los asesinatos y detenciones ilegales que cometió en la Escuela Superior de la Armada (ESMA) son crímenes contra la humanidad, condenándosele por 30 asesinatos cometidos en dos de los “vuelos de la muerte”.