Abogado delitos contra el consumidor

Los delitos contra los consumidores se encuentran dentro de los delitos socioeconómicos. En la propia Constitución española se encuentran recogidos los derechos de los consumidores, garantizando su defensa. Así pues, hay diferentes normativas que son aplicables en estos casos. Son las siguientes:

• Ley 44/2006, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios. 
• Ley General para la Defensa de los Consumidores y los Usuarios. 
• Ley 22/2007, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. 
• Ley 44/2002, de Ordenación del Comercio Minorista. 
• Ley 34/1998, General de la Publicidad. 
• Ley 16/2011, de Contratos de Créditos al Consumo. 
• Ley de Competencia Desleal. 
• Ley de Secretos Empresariales.

Además de estas Leyes, el Código Penal tipifica los delitos contra los consumidores en sus artículos 278 a 286.

Existen diferentes delitos contra los consumidores regulados en el Código Penal. Son los siguientes.

Delito de desabastecimiento de materias primas o de productos de primera necesidad 

Regulado en el primer apartado del artículo 281 del Código Penal, este delito consiste en desabastecer el mercado de materias primas o de productos de primera necesidad para manipular los precios y provocar un perjuicio grave a los consumidores.

Este delito está castigado con penas de prisión de 1 a 5 años y de multa de 12 a 24 meses.

Además de las mercantiles (anónimas, limitadas, profesionales, etc.), también describe como sociedad a las cooperativas, cajas de ahorros, mutuas, entidades financieras o de crédito, y fundaciones.

Regulado en el artículo 282 del Código Penal, el delito de publicidad engañosa consiste en realizar ofertas o publicidad engañando o alegando características inciertas sobre los bienes o servicios que se ofertan.

Este delito está castigado con penas de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses.

Regulado en el artículo 282 bis del Código Penal, el delito de estafa de inversores consiste en falsear la información económica y financiera de una sociedad para captar inversores.

Este delito está castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años.

Regulado en el artículo 283 del Código Penal, el delito de facturación fraudulenta consiste en facturar a los consumidores cantidades superiores al coste o precio de los productos o bienes. Este delito se lleva a cabo a través del uso o de la manipulación de aparatos automáticos como surtidores de combustible, por ejemplo.

Este delito está castigado con penas de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 18 meses.

De acuerdo con el artículo 287 del Código Penal, es imprescindible la denuncia previa del consumidor afectado por estas prácticas o de sus representantes legales para poder actuar contra estos delitos. No obstante, puede ocurrir que el consumidor perjudicado sea menor de edad o tenga algún tipo de discapacidad, en cuyo caso el Ministerio Fiscal también podrá interponer esta denuncia.

La denuncia previa, sin embargo, no será requisito indispensable cuando estos delitos afecten a una multitud de personas o a los intereses generales de los consumidores, en cuyo caso se actuará de oficio contra estos delitos.

Las personas jurídicas pueden ser responsables de estos delitos. En estos casos, se prevén las siguientes penas de multa:

• Delito de facturación falsa: multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido para penas de prisión de más de 2 años y multa del doble al triple del beneficio obtenido para penas de prisión de menos de 2 años.
• Delitos de publicidad engañosa, estafa de inversores y detracción de materias primas o de productos de primera necesidad: multa de 2 a 5 años o del triple al quíntuple del beneficio obtenido para penas privativas de libertad de más de 2 años y multas de 6 meses a 2 años o del tanto al doble del beneficio obtenido en el resto de los casos.